Oligarquía y Separatismo, dos graves defectos de la actual Democracia española.

Nos encontramos en el comienzo de un nuevo año que presagia serios problemas para la política española ante el anuncio, por parte del Gobierno regional catalán, de convocar la pregunta por la secesión de Cataluña de España, saltándose la obediencia a la Constitución democrática vigente en las tres últimas décadas, a la vez que se sigue negando a cumplir las leyes en materias lingüísticas o educativas. Ello ocurre en medio de una España fuertemente endeudada, tanto privada como públicamente, que ha necesitado de una intervención bancaria de Bruselas y, como quien paga obliga, con una implantación, por mandato europeo, de una política de austeridad y recortes económicos que impide cualquier salida real a corto y medio plazo de la crisis económica y de sus manifestaciones más sangrantes como las altas tasas de paro, caídas de salarios, peligro para las pensiones, sanidad pública, etc. La propia Cataluña ha sido llevada a la ruina pública por los líderes separatistas que gobernaron la Comunidad Autónoma ininterumpidamente desde las primeras elecciones democráticas tras la muerte de Franco. Unos líderes, como Jordi Pujol, que hoy están encausados judicialmente por corrupción económica, personal y de su partido, en cantidades multimillonarias con evasiones a paraísos fiscales, etc. Corrupción similar a la que afecta a los dos grandes partidos nacionales, conservador y socialista, a los grandes sindicatos, las Cajas de Ahorro, las asociaciones de empresarios, etc., en definitiva a todo el llamado Sistema. Un Sistema oligárquico, que algunos llaman “partitocrático” en el sentido de que el poder de los partidos impregna y controla directa o indirectamente todo el entramado institucional del Estado, la Banca, gran parte de los Media, aplastando incluso la acción del resto de las organizaciones meramente civiles que tratan de oponerse a sus designios de pretendida corrección política.

Un Sistema oligárquico que se ha mantenido y consolidado por el refrendo electoral periódico de una mayoría de españoles, que vota regularmente a los dos grandes partidos nacionales y a los partidos nacionalistas de las Autonomías catalana y vasca. Un sistema mezcla de oligarquía con democracia que, incluso Aristóteles, consideraba viable para garantizar el buen orden político solo si la oligarquía controlase sus excesos. En este caso no ha sido así, pues los excesos en el control de todas las instituciones, incluyendo las judiciales por cuotas de partidos, -lo que posibilitó notablemente la impunidad de tantos políticos corruptos-, la tolerancia de partidos secesionistas, e incluso la tolerancia de partidos políticos cómplices del terrorismo, han fomentado el desorden que nos ha llevado a la crisis económica y de valores en que nos encontramos. Pero, quizás lo más grave de todo sea el comprobar cómo la propia oligarquía gobernante a cometido errores económicos y políticos de gran calibre, por la difícil situación en que nos han metido y de la que nos costará mucho más salir que si no hubiéramos entrado. Como ejemplo se pude poner la entrada en el Euro, decidida de común acuerdo por los dos grandes partidos, lo cual provocó la burbuja especulativa que al estallar nos ha llevado a unos niveles de deuda y empobrecimiento nacional inimaginables antes; o la deriva secesionista y de peligro de ruptura de la nación provocada y fomentada por las cesiones en educación, en impuestos, en sistema judicial, etc., de los dos grandes partidos PSOE y PP a los nacionalistas catalanes y vascos sin prever las consecuencias en que ahora nos encontramos de tendencia a la balcanización de España. 

Tanto en la decisión de la política europea como en la autonómica podían la “elites” que asesoraron a la oligarquía política haber consultado al que se considera el inspirador de la búsqueda de una “solución europea” para los problemas españoles, al filósofo Ortega y Gasset. Ciertamente que no encontrarían en Ortega una respuesta a si era necesaria, para la europeización de España, la entrada en el Euro. Pues el filósofo sostenía una Idea cultural de europeización como incorporación al español culto de la brillante ciencia y  filosofía europea con sus métodos y rigurosos procedimientos de resolver problemas. La respuesta al problema de si entramos o no en el Euro la debían dar los científicos españoles resultado de la europeización. Y la dieron. Lo que pasa es que de forma abrumadora, sin haber debate, se impuso la respuesta del sí y se ignoró a los que la desaconsejaban, como el entonces influyente Mario Conde.

Lo que si podían haber consultado en Ortega con más fruto, en relación con el desarrollo de la política Autonómica, era la respuesta a la pregunta de ¿qué es realmente un régimen Autonómico?. Pues la novedosa división del Estado en Comunidades Autónomas fue introducida en la Constitución de 1978 dentro del plan de la Transición política española, “de la Ley a la Ley”, diseñado por el político asturiano Torcuato Fernández-Miranda, como “cerebro” de las reformas político-democraticas impulsadas por un joven Rey Juan Carlos I. Torcuato era catedrático de Derecho Político y, como sabemos, si había leído a Ortega, de donde tomó su estrategia, atribuida a Suarez, del popularmente llamado “café para todos”. Dicha fórmula no es una mera boutade ingeniosa de Adolfo Suarez, como suponen tantos periodistas ignorantes de la Historia española, sino que sintetiza una solución orteguiana para frenar el separatismo nacionalista. Pues, como expuso Ortega en las Cortes de la República:

  “España es en su casi totalidad, provincia, aldea, terruño. Mientras no movilicemos esa enorme masa de españoles en vitalidad pública, no conseguiremos jamás hacer una nación actual. ¿Y qué medios hay para eso? No se me puede ocurrir sino uno: obligar a esos provinciales a que afronten por sí mismos sus inmediatos y propios problemas; es decir, imponerles la autonomía comarcal o regional. (…) Y una vez que imaginaba a España organizada en nerviosas autonomías regionales, entonces me volvía al problema catalán y me preguntaba: ‘¿De qué me sirve esta solución que creo haber hallado a la enfermedad más grave nacional (que es, por tanto, una solución nacional), para resolver el problema de Cataluña?’ Y hallaba que, sin premeditarlo, habíamos creado el alvéolo para alojar el problema catalán. Porque, no lo dudéis, si a estas horas todas las regiones estuvieran implantando su autonomía, habrían aprendido lo que ésta es y no sentirían esa inquietud, ese recelo, al ver que le era concedida en términos estrictos a Cataluña. Habríamos, pues, reducido el enojo apasionado que hoy hay contra ella en el resto del país y lo habríamos puesto en su justa medida. Por otra parte, Cataluña habría recibido parcial satisfacción, porque quedaría solo, claro está, el resto irreductible de su nacionalismo. Pero ¿cómo quedaría? Aislado, por decirlo así, químicamente puro, sin poder alimentarse de motivos en los cuales la queja tiene razón” (J. Ortega y Gasset, “El Estatuto de Cataluña” en Discursos políticos, Alianza Editorial, Madrid, 1974, p.p. 240-1).

El error cometido por nuestros políticos resulta ser entonces, no ya el haber introducido las Autonomías, sino en no haber aislado al nacionalismo catalán y vasco, haciéndoles continuas concesiones, la primera de las cuales fue la introducción pactada en el propio texto constitucional, -ya en la época en que Suarez se alejó de Torcuato-, entre Abril Martorell y Alfonso Guerra, del polémico término de “nacionalidades y regiones” para contentar al nacionalismo vasco y catalán. Concesiones que se prolongarían con los sucesivos Presidentes del Gobierno, hasta desfigurar, con Zapatero, complemente la filosofía autonomista dominante en el espíritu de la Constitución de 1978, admitiendo, por la Reforma del Estatuto catalán, posiciones próximas al federalismo (como continúa haciendo hoy un Partido Socialista impermeable a la crítica orteguiana sobre la confusión que padeció en la IIª Republica entre Federalismo y Autonomismo: ver J. Ortega y Gasset, “Federalismo y Autonomismo”, op. cit. p.168); o próximas, según otros, al con-federalismo de facto, en las que nos encontramos, las cuales, si no se corrigen, conducirán inexorablemente, como Ortega pensaba, a la ruptura de España y probablemente pondrán en peligro la propia Restauración democrática iniciada en la llamada Transición. Una Restauración que recuerda en muchos aspectos a la Restauración decimonónica de los Cánovas y Sagasta como representantes de una oligarquía que se turna en el poder. Hoy se habla de la oligarquía partitocrática del PSOE y del PP, aunque esta sea una oligarquía que no necesita la compra caciquil y descarada de los votos como ocurría entonces. Las elecciones son ahora democráticamente homologables a las que ocurren en las modernas democracias avanzadas. El mal que destruyó al Sistema político de la Restauración canovista fue, -como señala el propio Ortega en una demostración impecable de reducción al absurdo en su poco leído libro La redención de las provincias-, el crecimiento inexorable de los distritos electorales de los caciques frente a aquellos cuya elección dependía del Gobierno. Cuando aquellos alcanzaron mayoría de diputados el país fue ingobernable y el Régimen se desplomó por lo que tuvo que intervenir, con el golpe de Estado de Primo de Rivera, la única institución nacional que podía sostener todavía, aliándose con la Monarquía, la unidad nacional: el ejercito. 

El mal que está minando la actual Restauración democrática es muy diferente. Ya no es el caciquismo de la compra del voto, aunque quede algo de eso en la "peonadas" andaluzas. El mal es nuevo, es el crecimiento del separatismo. Ortega sostenía frente a la la acusación de Joaquín Costa, autor del famoso diagnóstico  de la Restauración canovista como un régimen de Oligarquía y Caciquismo, que el caciquismo no era un producto conscientemente buscado por los que instauraron aquel régimen, sino que era un resultado inexorable y necesario del choque de la Constitución con el país real, debido a que, en los distritos rurales, que eran la mayoría en una España todavía eminentemente agrícola y atrasada, el elector llamado a votar no entendía, por su incultura y atraso, las diferencias ideológicas entre conservadores, liberales, etc. Y por tanto se abstenía. Como no había elección, el  Gobierno nombraba, por defecto, esto es, sin votos, a los llamados diputados "cuneros".  Estos eran entonces los encargados de repartir los fondos gubernamentales para hacer obras y otras cosas que afectaban directamente la vida y haciendas de los rurales. Entonces es cuando aparece el avispado cacique rural que convence a aquellos ignorantes electores para que le voten a cambio de un dinero, que le compensaba adelantar por cada voto, con vistas a obtener, como representante electo por verdadera votación, los cuantiosos dineros y beneficios gubernamentales que se encargaría de administrar en su personal benefício. Así había elección donde antes predominaba la abstención, solo que la elección se basaba en la corrupción. No obstante el Régimen no podía subsistir de otra forma y pudo resistir mientras la suma de diputados de las grandes ciudades, donde no había necesidad del caciquismo por la mayor cultura política ciudadana, y la de los cúneros, fue mayor que la de los corruptos distritos rurales. Pero en el momento en que estos últimos fueron mayoritarios y con capacidad para chantajear con chulería al propio Gobierno, el Régimen canovista se hundió en crecientes desordenes público (grandes huelgas, Semana Trágica, etc.) por el desgobierno del poder central. 

Por ello, es preciso hacer un análisis comparativo con lo que está pasando hoy con el crecimiento del separatismo catalán y vasco. Estos lodos vienen de un problema diferente. Hoy España ya no es aquel atrasado país rural, sino un Estado industrial, que al final del franquismo se estaba ya acercando a converger realmente ( y no de forma meramente nominal, como ahora se dice, en tasas de inflacción, etc.) con nuestros vecinos europeos más industrializados. El separatismo, como antaño el caciquismo, no hay que verlo necesariamente como un resultado de la mala fé de nuestros políticos, sino que deriva de una carencia de los propios electores españoles, no prevista. Esta carencia la situaríamos en la mentalidad política persistente en el electorado de las "dos " Españas, reflejadas en los dos grandes partidos, PP y PSOE, y la debilidad electoral de una "tercer" España. Esta es la que, integrada por las capas más intelectualizadas y cultas de la sociedad española (profesores, maestros, funcionarios, juristas, empresarios progresistas, etc.) debía votar a partidos centristas que hiciesen de balanza y equilibrio del poder, como ocurre en otros países europeos con los partidos liberales (Alemania, Inglaterra, etc.). En el inicio del actual Régimen político existieron propuestas de tales partidos, como el CDS de Adolfo Suarez. Pero electoralmente no consiguieron convertirse en bisagras del Sistema político nacional. Ese fue el fracaso personal de un hombre tan carismático y popular como Suarez. La llamada Tercera España no votó con suficiente fuerza a dicho partido y entonces ocurrió necesariamente algo inesperado: el papel de bisagra, ante le empate de las dos grandes fuerzas políticas de conservadores y socialistas, pasó a ser desempeñado por las minorías separatistas de catalanes y vascos, que habían sido beneficiados por el sistema electoral impuesto con una ponderación alta del peso nacional de sus votantes. Estas minorías nacionalistas, en principio no mostraban ningún interés por la democracia o la Constitución española. Incluso los peneuvista vascos no la votaron. Pero todo cambió cuando comprendieron que apoyar con sus votos al Gobierno nacional permitía una mayor transferencia de competencias administrativas que aumentaban su capacidad de autogobierno y su camino hacia la meta independentista a la que nunca habían renunciado. Las transferencias competenciales han sido tan desmesuradas que el Gobierno central cada vez se veía más impotente para controlar y gobernar extensas áreas del territorio nacional, el cual se cuartea por la conversión de facto del Régimen Autonómico inicial en un Régimen Confederal, en una especie de Reinos de Taifas. Por ello estamos alcanzando el momento en el que el Régimen empieza a naufragar ante la chulería chantajista, que se manifiesta en el actual Gobierno nacionalista catalán de Arthur Mas, exigiendo cada vez más dinero exclusivamente para una Cataluña en crisis, en detrimento del resto de las Autonomías y bajo la amenaza de proclamar su independencia de España, a la que seguirían los vascos,etc. Apunta, sin embargo, en el horizonte electoral, un hilo de esperanza con el ascenso de novedosas fuerzas políticas centristas como UPYD y Ciudadanos, etc.; pero todavía son escasos sus votantes para actuar de bisagra moderadora; y, lo más importante, todavía queda por realizar una importante tarea cultural que permita rescatar a tantos maestros, profesores, funcionarios, juristas, etc., que permanecen aun presos de ideologías ya periclitadas, que los hacen dividirse entre las "dos" Españas de Marx o Santo Tomás. Queda por ello pendiente, y es más urgente que nunca, la llamada por Ortega educación de unas minorías dirigentes, que puedan actuar, cultural y socialmente, al socaire de la protección política de tales partidos minoritarios, como colchón moderador, a fin de evitar de forma urgente la  repetición de lo que sería un nuevo y temido choque civil de consecuencias incalculables; y, a más largo plazo, dichas minorías deberían abrir nuevos y mejor fundamentados proyectos de progreso para una España que se pueda poner de nuevo en pie y perseverar unida en su existencia en un mundo lleno hoy de amenazadores peligros.

¡Feliz Año Nuevo!

Manuel F. Lorenzo