¿Vamos hacia la Primera República otra vez?

      Parece que nos adentramos en una crisis política e institucional producto de un largo proceso de las últimas décadas en las que, o se incumple flagrantemente la Constitución no ejecutando importantes sentencias, como aquellas de la enseñanza del español en determinadas Comunidades Autónomas, o se utiliza al propio Tribunal Constitucional para legitimar determinadas sentencias que benefician a determinados partidos o personalidades, como en el caso de los ERE andaluces y otras, como la Ley de Amnistía de los condenados en el Proces catalán. Todos estos lodos tienen su origen en la famosa “muerte de Montesquieu” proclamada, al parecer, por Alfonso Guerra al introducir Felipe González, por Ley, el reparto por cuotas de partido del Consejo del Poder Judicial que debía controlar a los jueces. Dicha Ley no ha sido cambiada por los sucesivos gobiernos tanto socialistas como populares, y no parece que vaya a serlo en un futuro inmediato.

Por ello, los frenos jurídicos para una alteración profunda de la Constitución por la vía de los hechos cada vez son más débiles y ya se empieza a apuntar la acusación de que nos deslizamos hacía una crisis incluso del régimen monárquico tal como lo conocemos. Pues a través de sentencias del Tribunal Constitucional se podría llegar a legitimar una organización Federal o Confederal del Estado español. Era ya la intención de Zapatero y es hoy la intención explicita, por recientes declaraciones del propio Presidente del Gobierno Sánchez, de caminar hacia un Estado Federal que sustituya al Estado de las Autonomía actualmente vigente. Por eso decimos que, si esto se lleva a cabo, vamos hacía la 1ª República y no hacia la 2ª Republica, aunque haya la semejanza de la constitución de un nuevo Frente Popular. Pues pesa más la diferencia con ella. Ya que dicho Frente Popular, dirigido entonces por socialista radicales, como Largo Caballero, llamado el “Lenin español”, y por comunistas, perseguía la revolución socialista y la lucha de clases más que el problema de las nacionalidades.

Derrotado aquel ideal revolucionario con la caída del Muro de Berlín, e industrializada España, la lucha de clases ya no tiene aquel sentido que arrastraba a masas de trabajadores. La creación del mercado pletórico y las abundantes ayudas y sociales en una sociedad consumista han acabado con las desprestigiadas esperanzas revolucionarias. Podrán estallar motines ocasionales y muy localizados contra determinados abusos, pero no revoluciones como las de aquella 2ª Republica. Ortega decía que un “motín” es una mera lucha contra los abusos, mientras que una “revolución” es una lucha por un cambio de usos políticos. Hoy ya no estamos ante una revolución de las masas proletarias, pues están integradas ya en el sistema. Como se dice popularmente, “todo está en crisis, pero todo está lleno”. Sin embargo, lo que se pretende cambiar hoy, con un cambio de usos y no de meros abusos sin más, es la propia organización del Estado para liberar, no ya a una clase social oprimida, sino a unas minorías étnicas que se consideran secularmente oprimidas por la Nación política española.

Esto es entonces muy parecido a lo que ocurrió en la Primera República en cuyo origen y desarrollo tuvo una gran influencia el federalismo de Pi y Margall. El resultado más desastroso de aquella Republica fue el llamado Cantonalismo, que estalló precisamente durante la breve Presidencia del Gobierno republicano por Pi y Margall. Nerviosos ante la lentitud del desarrollo federalista en cantones se sublevan algunos como Cartagena, declarando unilateralmente su independencia de Murcia y configurando sus propios gobiernos y parlamentos. Lo mismo ocurrió en zonas de Andalucía, Levante y Cataluña de gran influencia anarquista. Lo curioso es que los conflictos ocurrieron entre los propios cantones sublevados y no  solo con el gobierno central, el cual se vio impotente para controlar semejante caos. Pi y Margall duró escasamente un mes como Presidente y fue sucedido por Salmerón y Castelar que se limitaron a enderezar la situación con poco éxito. El golpe militar de Pavía acabaría con la Republica y restauraría la Monarquía borbónica con Alfonso XII. 

Hoy la Monarquía parece más fuerte que entonces, por lo que es difícil caminar al Federalismo como pretende la nueva ala radical del PSOE de Sánchez y Zapatero, equivalente del Largo Caballerismo. Se pretende, entonces, ir alterando la actual Constitución paulatinamente hasta que ya no la reconozcan ni los padres de la patria que la instauraron. El asunto está en comprender, como lo hizo el clarividente Ortega y Gasset en conocidos discursos a la Cortes Constituyentes de la 2ª Republica, que Federalismo no es Autonomismo, sino que es en muchos aspectos lo contrario. No lleva a la descentralización mejor o peor sino a la secesión y al enfrentamiento cantonal. 

Manuel F. Lorenzo

 

En defensa de la Constitución

En conmemoración de los 45 años de la actual Constitución me voy a remitir a un artículo que publiqué ya en 2004 (recogido en mi libro En defensa de la Constitución, 2010) y que sigue estando vigente en sus reivindicaciones que apuntan al filósofo Ortega y Gasset al que se puede considerar el Padre Filosófico de la Reforma Autonómica, aunque se le silencie y se haya tergiversado su propuesta confundiendo descentralización Autonómica con régimen Federal o Confederal. La mejor defensa de la Constitución creo que pasa por explicar lo que Ortega propuso en sus discursos y escritos.

25 años de Constitución Democrática

El pasado año se cumplió ya un cuarto de siglo de vigencia de la actual Constitución política que rige y organiza, como gran marco político, la vida española. Desde 1978 hasta la fecha, ha pasado un trecho de tiempo lo suficientemente largo para hacer un balance, por somero que este sea, del significado tan positivo que ha tenido dicho texto y puede seguir teniendo si, dado que hoy ya no dependemos de que el Rey sea inteligente u obtuso, la sabiduría del pueblo, que es quien lo decide con su voto, la sostiene y defien-de. Porque se empiezan a oír voces muy fuertes entre una parte de los partidos políticos, sobre todo los que representan a las izquierdas y los nacionalismos periféricos, que piden una reforma de la Constitución que la afectaría precisamente en lo que se puede considerar que ha sido el mayor de sus aciertos: la solución autonómica para vertebrar y organizar la persistente multiplicidad y variedad regional que ha caracterizado a España a lo largo de su extensa historia.

Por mi edad no pertenezco propiamente a la generación que tuvo la tarea política de elaborar y aprobar dicha Constitución, pues por aquellos años yo estaba todavía haciendo el Servicio Militar y un cuartel, con un ejercito todavía mayoritariamente franquista, no era el lugar más apropiado para tal clase de preocupaciones. Fue mucho más tarde, en la época en que gobernó Felipe González, cuando caí en la cuenta de la importancia de la Constitución. Fue entonces cuando, leyendo las obras completas de Ortega y Gasset, me topé con algunos escritos suyos, muy poco citados en los fastos y conmemoraciones que los propios socialistas y el diario El País, del cual era fundador un hijo del filósofo, hicieron del centenario del nacimiento de Ortega, en los que pude ver, con gran sorpresa, que la Idea de la Organización Autonómica del Estado, que representa lo más llamativo y original de la actual Constitución, había sido expuesta, defendida y desarrollada por el propio Ortega en la prensa, en forma de libro (La redención de las provincias, Obras Completas, t.XI), y hasta en sus discursos en las Cortes durante la elaboración de la constitución de la II República (“Federalismo y autonomismo”,“ El Estatuto catalán”, Obras Completas, t. XI) En dichas intervenciones defendió el filósofo, como si de un nuevo John Locke o un Montesquieu se tratara, la necesidad de que la nueva organización política que se necesitaba para reformar y regenerar políticamente el país se basara en una división o separación clara de los asuntos nacionales y de los locales o regionales. En esto coincidía entonces Ortega con la izquierda y los nacionalistas peri-féricos, mientras que la derecha era, y siguió siendo durante la dictadura de Franco, centralista, esto es partidaria de que tanto los asuntos nacionales como los locales se decidiesen en Madrid.

La derecha había sido centralista y partidaria del absolutismo monárquico desde los Reyes Católicos. Pero en el siglo XIX tomó conciencia, tras las experiencias revolucionarias de sus vecinos y rivales ingleses y franceses, de la necesidad de modernizarse. El intento se hizo durante la llamada Restauración decimonónica. Para ello se copió el modelo inglés de monarquía democrática centralista y se hizo la Constitución liberal de 1876. Tal régimen político no consiguió modernizar el país, produciendo las conocidas lacras de la oligar-quía, el caciquismo, fraude electoral, etc., denunciadas por Joaquín Costa. Pero con el golpe militar de Primo de Rivera se acabó el experimento democratizador. Ortega dedica entonces, durante los años 20-30 una serie de artículos periodísticos (publicados en la II Republica como libro con el titulo de La redención de las provincias) a analizar minuciosamente las causas de dicho fracaso. Encuentra que en España, a diferencia de Francia o Inglaterra, los únicos intereses que mueven a los españoles son los puramente locales. Pero el localismo, en política, es un defecto. Una Constitución centralista como la de la Restauración no funcionó por cegarse ante este problema. Por ello Ortega propone el Estado Autonómico, como una nueva forma de organización que trata de hacer de tal defecto localista una virtud a través de la separación clara y bien estudiada de las Competencias que deben quedar centralizadas y las que no. Durante la discusión del Estatuto catalán en la Republica se opuso a la confusión que los partidos de izquierda introducían entre Autonomismo y Federalismo, en tanto que el primero no discute sobre la Soberanía, que se considera indivisible, sino sobre las Competencias o atribuciones de dicha soberanía, mientras que el segundo, el Federalismo, gira princi-palmente en torno a la soberanía. Sólo el Autonomismo conlleva siempre descentralización política, mientras que el Federalismo puede resultar fuertemente centralizador, pues esa es su tendencia histórico efectiva.

Es necesario recordar esto hoy cuando una parte importante de la izquierda empieza a hacer demagogia diciendo que el Federalis-mo no es incompatible con el Autonomismo - la generalización autonómica fue propuesta por franquistas reformistas, aunque la Idea estaba tomada de Ortega, como saben los estudiosos del tema: “También (Torcuato) Fernández Miranda, cuando advierte del peligro de plantear el problema autonómico como un problema de soberanía, hace suyo el razonamiento del filósofo madrileño: <<Pero esto, como ya demostró Ortega en las Cortes constitu-yentes de 1932, ¿puede plantearse en términos de soberanía? No es necesario afirmar la soberanía para afirmar que determinadas entidades tienen derechos propios que tienen que ser reconocidos (...) Si se plantea la cuestión en términos de soberanía naturalmente se agrava el problema. Volveremos a no entendernos, como decía Ortega y Gasset hace ya cuarenta y seis años, y agravaremos el problema>>” (Xacobe Bastida, La nación española y el nacionalismo constitucional, Ariel, Barcelona 1998, p.128).

Por mi parte he desarrollado más ampliamente la influencia de Ortega como verdadero padre filosófico de lo más significativo de la actual Constitución en un articulo titulado “Idea leibniziana de una Constitución Autonómica para España en Ortega”, (publicado en Lluis X. Alvarez y Jaime de Salas, La última filosofía de Ortega y Gasset, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2003, pp.255-289).- Ortega comprendió que autonomismo y federalismo no solo son diferentes sino que, en la cuestión de la descentralización, son opuestos. De ahí que la petición de reformar la actual Constitución en lo que concierne a la Organización Autonómica del Estado para sustituirla por una Organización Federal nos parezca muy grave. Pues la mejor honra que pueden hacer los españoles al pensador más importante que ha tenido España en la primera mitad del siglo XX, el siglo en que el país se industrializa y deja de ser agrario, es respetar lo que es la parte más positiva de su gran influencia, la vertebración autonómica de España. Y la mejor forma de honrar la Constitución en sus bodas de plata es recordar y leer los textos en que la engendró su padre filosófico, quién no tuvo, antes de morir, la dicha de verla rigiendo los destinos de los españoles.

Manuel F. Lorenzo

(02/06/2004) 

Autonomismo versus Federalismo.

     Vivimos tiempos que comienzan a ser turbulentos en España y que nos llevan a dejar por momentos las reflexiones filosóficas de carácter más académico, que venimos desarrollando con cierta asiduidad en este Blog, para ocuparnos de problemas más mundanos. Uno de estos problemas, que amenaza agravar considerablemente la crítica situación económica en que nos encontramos los españoles, es la apertura de una grave crisis institucional del Estado con la decisión del actual Presidente de la Comunidad Autónoma catalana de abrir un proceso independentista para separarse del resto de España, acompañada de la decisión anunciada por el principal partido de la oposición, el Partido Socialista, de proponer una reforma de la Constitución en un sentido Federal, abandonando así, en ambos casos, el modelo territorial Autonomista vigente. Dichas propuestas rompen con el consenso reinante en España en los últimos 30 años y abren una situación de incertidumbre en el rumbo a seguir por los españoles en el futuro más inmediato que nos resulta temible  y peligrosa por la poca consistencia y fundamento de semejantes nuevas propuestas, que ya se han intentado en la I y la II República con el resultado de guerras y enfrentamientos entre los españoles. 

   Querría recordar por ello aquí las críticas de nuestro más influyente filósofo del siglo XX, Ortega y Gasset, el cual defendió, en la trágica época que le tocó vivir, el Autonomismo frente al Federalismo quimérico de las izquierdas de entonces y el secesionismo catalán amenazante ya en aquella época. Rescatamos para ello dos artículos que  publiqué hace algunos años en webs de Internet, a las que hoy ya no se puede acceder, y que he recogido en mi libro En defensa de la Constitución (2010) en cuya contraportada ya se advertía de “la grave situación a que parece encaminarse la joven democracia española, aquejada por la cristalización de una oligarquía política, financiera y mediática, hoy dominante, incapaz de corregir sus excesos y desgobierno, tanto en el caso de las corrupciones de toda índole, como en la debilidad ante las presiones secesionistas, vasca, catalana y gallega (…), que amenazan con la quiebra de la Nación y del Estado español”.

El 'cajón de sastre' del federalismo

De un tiempo a esta parte se ha comenzado a hablar, profusamente, de federalismo en relación con la Constitución que actualmente nos rige. Pero, como es habitual en España, por lo que sea, se habla de ello con poco rigor. Y, sobre todo, se le hace una higa a los conceptos más elementales de la filosofía política acuñados por los clásicos. Bien es cierto que los articulistas de relumbrón, o de ocasión, que pueblan  las paginas más influyentes de los diarios suelen ser personas, por lo que se ve, poco doctas en cuestiones filosóficas. Parece que los “científicos sociales” imitasen en esto a los “científicos naturales”, los cuales cada vez son más indoctos en temas filosóficos debido, en gran parte, al creciente especialismo que, será muy bueno y necesario para el avance de la investigación científica, pero que, como una plaga, está dañando seriamente la enseñanza y la cultura general. Queda poca gente de esa que antes se decía que tenía una sólida cultura general, la cual incluía como una parte importante la cultura filosófica. Y esto se hace notar cuando se discute de conceptos tan generales como el antes mentado del “federalismo”.

Tal es el caso de un, por otra parte, interesante articulo de Juan E. Casero titulado “La República federal” aparecido en La Nueva España (15-02-2005) o de las más recientes propuestas hechas en el mismo periódico (27-02-2005) por el filósofo Eduardo Subirats. En dicho artículo se remite Casero al origen de las Ideas que condujeron a la actual  descentralización autonomica situándolas en la 1ª República,  en  la  que se habría ensayado la Idea de una España federal bajo la influencia del anarquismo de Pi y Margall. Como en España esto suele ser recurrente, basta con remitirnos a los tiempos de  la  otra  República,  de  la  2ª,  para  ver  como  Ortega  y  Gasset  ya arremetió contra ese federalismo difuso que ahora emerge de nuevo: “No fue para mí una sorpresa grande, pero fue confirmación dolorosa, ver que en uno de los temas más graves que nos plantea al presente el destino, el de la autonomía regional, existía una extrema confusión de ideas y que, apenas comenzaba la campaña electoral, en la propaganda, en el mitin, en el periódico y hasta en esta misma Cámara se padecía, en general, una lamentable confusión entre ambos principios (Ortega se refiere a la confusión entre federalismo y autonomismo). Y esta confusión es gravísima, porque cualesquiera que sean mis preferencias para unos y otros principios, corremos el riesgo - lo vamos a correr dentro de un instante - de decidirnos por el más radical, por un principio que va a reformar las últimas entrañas de la realidad histórica española, cuando el pueblo mismo ignora el sentido de esa tremenda reforma que en él se va a hacer. Esto es lo que yo lamento, lo que yo deploro y de lo que empiezo a protestar. Es preciso claridad sobre este punto”( J.Ortega y Gasset, Discursos políticos, Alianza Editorial, Madrid, 1990, pp.170-171).

Y, refiriéndose precisamente a Pi y Margall, continúa: “Bajo el nombre  de  federalismo, no  tengo  para  qué  aludir  al  conjunto  de pensamientos sustentados por Pi y Margall y el pequeño grupo de sus adeptos. Ese federalismo, que no ha sido puesto al día desde hace sesenta años, es una teoría  histórica sobre la mejor organización del Estado. Ni es tiempo  ahora, ni tengo yo porqué ocuparme de discutir teoría más respetable por la calidad de sus fieles que por el rigor y agudeza de su sistema; antes, y por encima de ese federalismo, está el hecho de la forma jurídica del Estado federal, que una vez y otra ha aparecido en la historia del Derecho político mismo; a ese hecho de la forma jurídica del Estado es a lo que me refiero cuando hablo de federalismo. Pues bien, confrontándolo con el autonomismo, yo sostengo ante la Cámara, con calificación de progresión ascendente hasta rayar en lo superlativo, que esos dos principios son: primero, dos ideas distintas, segundo, que apenas tienen que ver entre sí; tercero, que, como tendencias y en su raíz, son más bien antagónicas. Conviene, pues, que la Cámara antes decida esta cuestión con plena claridad” (Ibid. p.171).  

Continúa Ortega con una  clara delimitación del federalismo y del autonomismo que consideramos necesario recordar aquí por su claridad en tiempos de tanta y  renovada confusión: “El autonomismo es un principio político que supone ya un Estado sobre cuya soberanía indivisa no se discute porque no es cuestión. Dado ese Estado, el autonomismo propone que el ejercicio de ciertas funciones del Poder público - cuantas más mejor - se entreguen, por entero, a órganos secundarios de aquel, sobre todo con base territorial. Por tanto, el autonomismo no habla una palabra sobre el problema de la soberanía, lo da por supuesto, y reclama para esos poderes secundarios la descentralización mayor posible de funciones políticas y administrativas. El federalismo, en cambio, no supone el Estado, sino que, al revés, aspira a crear un nuevo Estado, con otros Estados preexistentes, y lo específico de su idea se reduce exclusivamente al problema de la soberanía. Propone que Estados independientes y soberanos cedan una porción de su soberanía a un Estado nuevo integral, quedándose ellos con otro trozo de la antigua soberanía que permanece limitando el nuevo Estado recién nacido. Quien ejerza ésta o la otra función del Poder público, cual sea el grado de descentralización, es para el federalismo como tal, cuestión abierta, y de hecho los Estados federales presentan en la historia, en este orden, las figuras más diversas, hasta el punto de que, en principio, puede darse perfectamente un Estado federal y, sin embargo, sobremanera centralizado en su funcionamiento” (Ibid., pp.171-172).

Si tenemos en cuenta esto, en una situación hoy diferente a la de la II República, pero en la que algunos intentan reformar la Constitución en un sentido federalista, porque erróneamente entienden que ya es federal o cuasi-federal, habría  que ver que la actual Constitución, en su titulo que afecta a la reorganización autonómica del Estado, que es el que le da su personalidad, no se puede entender sin su trasfondo filosófico, el cual tiene que ver más con Ortega que con Pi y Margall.  Pues la imposición del llamado “café para todos” fue obra del ministro Manuel Clavero, a la sazón ministro para las Regiones en el Gobierno de Suárez, el cual estaba bajo la influencia del filósofo liberal madrileño y muy lejos del anarquismo de Pi y Margall. Por ello venimos sosteniendo en artículos anteriores la necesidad de que se tengan en cuenta el punto de vista filosófico de Ortega a la hora de entender la Constitución actual  y  no  dejarlo todo en manos de los especialistas en Derecho Constitucional porque, desgraciadamente, los que salen en los medios, están demostrando ser bastante ignorantes en cuestiones filosóficas. Es como si la división de poderes que Locke y Montesquieu, filósofos por supuesto, conceptualizaron, la dejásemos en manos de especialistas en discutir cuestiones de detalle, sin duda muy importantes pero que no pueden ser planteadas perdiendo de vista las Ideas filosóficas básicas sobre las que descansan.

Los anglosajones y los franceses suelen estar orgullosos de sus ancestros filosóficos y citan y celebran bastante a Locke o a Montesquieu. Aquí parece que nos pasa lo contrario. Hay un desdén manifiesto de los políticos y los líderes de opinión más influyentes hacia la filosofía en general y en este caso hacia Ortega y Gasset. No es de extrañar que gentes de IU, incluyendo a doctos catedráticos, incurran en ello, pues a Ortega se le pone inquisitorialmente el sambenito de fascista y ya está. Lo que resulta más sorprendente es que gentes de otras formaciones políticas, más próximas al liberalismo, acaben comulgando con las ruedas de molino del izquierdismo más irresponsable. Desde luego la derecha tampoco es  que  se  entere  de  mucho,  por  lo  menos  por  lo  que  se  puede observar  en  su  olvido  de  Ortega a la hora de debatir estas cuestiones. Pero no por ello deja de sorprenderme esta cuestión que se quiere añadir a aquella consideración general que hacen otros de que en España es muy frecuente aquello de tener que defender lo obvio.

(Asturias Liberal, 04/03/2005)

Manuel F. Lorenzo

Estado Confederal, Federal y Autonómico

En un pueblo cuyos habitantes tenían fama de ser espontáneamente bien dispuestos y solidarios entre ellos, el párroco pidió ayuda a los vecinos para introducir una gran viga en el interior de la vieja iglesia sometida a reparaciones por hundimiento de su techumbre.  Los vecinos acudieron solícitos en su ayuda y en seguida se arremolinaron en torno a la gran viga de madera depositada a la puerta principal de la iglesia, que permanecía abierta de par en par. De forma espontánea las gentes allí arremolinadas se pusieron a la obra y levantaron la viga tal como estaba situada en paralelo con la puerta de la iglesia tratando, con grandes esfuerzos, de introducirla de la manera más rápida posible. Pero los extremos de la viga al rozar con los marcos de la puerta impedían que la maniobra tuviese el éxito esperado. 

Entonces, algunos vecinos que tenían aspecto de ser más reflexivos y que por ello no se habían lanzado así sin más a la tarea, permaneciendo un poco rezagados y con aire escéptico y burlón ante el esfuerzo irreflexivo de los demás, comenzaron a manifestar con cierta vehemencia que estaban en un error si creían que así iba a entrar la gran viga por mucha fuerza que tuviesen entre todos. Después de varios intentos infructuosos y cerca ya del agotamiento, los esforzados vecinos inquirieron a los rezagados de qué otro modo  podían  introducir  la  viga,  a  lo  cual  respondieron  estos  que bastaba con que echasen un poco de aceite en los extremos de la viga para que con tal lubricación el esfuerzo fuese menor y la viga pudiese resbalar sobre los marcos de la puerta.

No se les ocurrió, ni por asomo, que bastaba con que girasen la viga noventa grados y la introdujesen en el interior del templo evitando cualquier roce. De la misma forma asistimos hoy en España a un espectáculo semejante en el que una parte importante de las fuerzas políticas, dirigidas por  Zapatero, pretenden introducir cambios en la Constitución, forzándola hasta transformarla en una Constitución confederal. Como ello esta provocando crispación en el resto del espectro político, que teme se cree una situación de desbarajuste y de peligro de desmembración del Estado español, o de vaciamiento progresivo de la nación española, aparecen unos terceros en escena, llámense Savater, Leguina o Sosa Wagner, que con gran agitación de brazos les recriminan a sus antiguos compañeros políticos que los cambios  se deben introducir no en un sentido confederal, sino en un sentido federal, o lo que es lo mismo, que el federalismo es más lubricante y entra con menos oposición que el más tosco y anarquizante confederalismo.

A estos últimos habría que recomendarles que leyesen al menos los discursos de Ortega ante las Cortes constituyentes de la Segúnda República en torno a la diferente naturaleza del federalismo y del autonomismo. Pero en España donde, por una tradición inveterada, el pueblo no está acostumbrado a leer, la responsabilidad que los intelectuales tienen de informarle de estas cuestiones es mayor que en otros países de nuestro entorno, donde la Reforma protestante, que imponía la obligación personal de leer la Biblia y los Evangelios, creo unos hábitos de lectura que perduraron al extender la necesidad creada de leer a otras materias más profanas. No obstante la crisis de la modernidad  se  está  manifestando  en  tales países con la aparición de una prensa sensacionalista y amarillista, como los grandes tabloides ingleses y alemanes (The Sun, Bild, etc.), que hace bueno aquello de que, para leer eso, más les valía no leer nada. En tal sentido se cumple aquí aquello de “no hay mal que por bien no venga” y el pueblo español no corre el peligro de la prensa sensacionalista, sencillamente por que, en su mayoría, no lee. El peligro en España lo representa más bien, por el predominio de la cultura oral en el catolicismo, la televisión basura que ha crecido vertiginosamente en los últimos años, fomentada por un uniforme monopolio empresarial y sus aliados políticos, de todos conocidos, que con la receta de fútbol, programas del “tomate”, tertulias anodinas, etc., tratan de entretener al pueblo y de desinformarle para mejor manejarle.

Por ello la responsabilidad de los intelectuales es mayor en nuestro país que en otros del contorno, pues siguen siendo los detentadores del “poder espiritual”, a diferencia de lo que ocurre en los países protestantes donde, al leer la mayoría, el intelectual es a todo más un “primum inter pares”,  mientras  que  en  España  sigue siendo alguien diferente y poseedor de unas claves literarias que se le escapan a la mayoría. Por ello Ortega daba tanta importancia a la selección de las minorías intelectuales como palanca importante en la buena marcha del país. Hoy, tales minorías intelectuales, son las auténticamente marginadas del actual sistema político en que los grandes partidos se han acostumbrado a vivir en un sistema político, que paradójicamente fue pensado por heroicas generaciones intelectuales anteriores como la de Unamuno y Ortega, limitándose a tirar de encuestas sociológicas para hacer sus programas políticos sin tener que calentarse mucho el coco. Encuestas en que quien piensa y protagoniza el pensamiento a seguir es el propio pueblo. El sistema funcionó así hasta que empezaron a aparecer graves problemas de Estado, los cuales no suelen ser resueltos por el pueblo, por mucho que opine y piense, sino que precisan la aparición de individualidades creadoras, filósofos, hombres de Estado, que aporten nuevas soluciones.

En otro tiempo existieron dichas individualidades, como Castelar, Ortega, etc., que llegaban en España al pueblo principalmente con sus nuevas Ideas a través de la oratoria en sus discursos de las Cortes, conferencias y mítines. Hoy deberían llegar, más que por la prensa, de voz débil en España, a través del magnifico instrumento para tales fines de la televisión. Pero nos encontramos aquí con dos problemas. Uno, que los propios grandes partidos no parecen interesados en facilitar el acceso de los intelectuales a una televisión, que no por casualidad está completamente ayuna de ellos. Otro que la minoría intelectual no está debidamente seleccionada ni jerarquizada, ni bien avenida. A consecuencia de la anarquía que reina entre los propios intelectuales, divididos entre ellos, presa del sectarismo o de motivos impresentables, le resulta muy fácil al poder político de turno hacer pasar por primeras espadas a quienes están muy lejos de ello,como ocurrió en el caso de Aranguren, y marginar a otros merecedores de tal papel.

Por ello sería interesante que la aparición de partidos centristas fomentada por intelectuales como ocurrió con Ciudadanos de Cataluña, se extienda a nivel nacional, tal como pretende el propio Savater, con el objetivo, además de unir a los intelectuales en un objetivo común, de romper el peligro extremista al que nos vemos avocados por culpa del inconsciente radicalismo zapateril por el cual se esta dejando  arrastrar, ayuna de conocimientos críticos (históricos, políticos, filosóficos, etc.), media España. Pero, por favor, no empecemos de nuevo a liarla con “federalismos” lubricantes. Vayamos directos al grano. Vuelvan a leer a Ortega al menos en este asunto y no pretendan ejercer de adanes en el paraíso.

(Foro Hispania, 20/06/2007)

Manuel F. Lorenzo

El problema catalán

Despues de leer en el Foro de Debates, antes del verano, los últimos artículos sobre el problema del nacionalismo catalán en relación con la polémica sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña con intervención del propio Mario Conde, no me resisto a escribir sobre ello intentando aclarar algunas cuestiones. No es la primera vez que escribo sobre este tema tan recurrente en los últimos años en la política española. Me remito a mis artículos publicados del 2004 al 2008 en diversas paginas webs:"25 años de Constitución democrática", "De nuevo la Constitución", "En defensa de la Constitución", "Buenas notícias para el sistema autonómico", "Cómo combatir el Estatuto de la minoría nacionalista catalana", "Estado Confederal, Federal y Autonómico", "Sobre la tentación de acabar con las Autonomías", "Sobre la defensa del sistema autonómico". Lamentablemente dichas paginas hoy han caducado (problemas y límites de Internet) y, por ello he decidido editarlos según la nueva modalidad de edición en papel y electrónica llamada on demand (soluciónes de Internet) con el título En defensa de la Constitución (2010, Lulu.com) para que este a disposición del lector interesado. A proposito de esto, la experiencia de convertirme en mi propio editor me ha parecido tan revolucionaria como fue la aparición de la imprenta en el Renacimiento por la que la Iglesia perdió el monopolio de la lectura con la consecuencia de que todo se puede leer. Ahora son los editores los que pierden su monopolio pues todo se puede editar.

El problema del Estatuto catalán se debe considerar muy importante por su influencia mismamente en el curso que pueda seguir la consolidación definitiva de España como nación política moderna sin menospreciar su relación con la fuerte crisis económica que nos golpea, pues el mismo tema lingüistico (rotulos y anuncios comerciales solo en catalán, etc.) tiene ya implicaciones económicas por aumento de costos, o por las transferencias de competencias fiscales, etc. El hecho de que haya problemas en una parte significativa de los españoles con la bandera y el himno nacional no es baladí. Las reticencias del PSOE o de los sindicatos con la bandera rojigualda, y su atracción sentimental por la bandera republicana está apoyado por sus numerosos votantes y seguidores, por media España. Las dos Españas, que parecían desaparecidas en las últimas décadas están de nuevo ahí, para el que sepa interpretar lo que ocurre. No nos engañemos, para muchos españoles la selección de futbol es "la roja", antes que la nacional, término discutible para el propio Zapatero. Este problema no existe en Alemania, Francia o Inglaterra, se dice. Pero es porque tales países se han consolidado como naciones modernas y nosotros todavía no. Hubo tambien dos Inglaterras, la de las Dos Rosas, la Protestante y la Católica. Dos Alemanias, la capitalista y la socialista. Pero hoy solo hay una, identificada con una única bandera e himno. ¿Que es entonces lo que nos falta para ser una nación moderna?. Vertebrarnos, como decía Ortega, en un Estado nación unido y solido, con un himno y una bandera aceptados fervorosamente por la mayoría. Para ello no basta con imitar y copiar lo que han hecho estos grandes países. Eso ya se hizo cuando Felipe V, el primer Borbon, con el que se inicia el moderno problema catalán, introdujo la administración centralista copiando a Luis XIV. Pero España no se modenizó. Al contrario, entró en decadencia agónica. En la segunda mitad del XIX, con la llamada Restauración se imita el modelo de Monarquía Constitucional a la inglesa, manteniendo el centralismo. España tampoco se moderniza y además entra en el siglo XX con el estallido del problema social (huelgas generales, etc.) y del secesionista (proclamación de la soberanía de Cataluña como Estado Federado en la Revolución del 34, etc.

A la vista de ello surge entre nosotros el hombre providencial, Ortega y Gasset, fruto maduro y resultado de las reflexiones de dos generaciones de intelectuales anterores a la suya, la de Clarín y la de Unamuno, que propondrá, además de la solución europea - de la que hablamos en un artículo anterior publicado en este foro -, la solución a los dos problemas internos: llamada a una empresa de industrialización nacional por la colaboración de obreros y empresarios ("Nación y Trabajo", Discurso en el Teatro Campoamor de Oviedo el 10 de abril de 1932), siguiendo más a Saint-Simon que a Marx, diriamos nosotros, para solucionar el problema social, y reforma autonómica generalizada del Estado para solventar el problema separatista. Ortega creía que la dictadura de Franco, que es la que hace que España pase de ser un país eminentemente agrícola (la España de la alpargata de la II República) a ser un país industrial, con una industria nacional forjada principalmente por el INI, (la España del 600), debía desembocar en una restauración de la Monarquía democrática y constitucional por lo que el mismo , desde su exilio en Lisboa, formó parte del Consejo privado de Don Juan. Pero dicha Restauración de la Monarquía Constitucional debía diferenciarse de la Restauración decimonónica muy especialmente en la nueva Organización Autonómica del Estado, generalizando el Regimen Autonómico y no contemplandolo sólo como una solución para algunas regiones conflictivas, como había planteado la II Republica. Esto último creo que es poco conocido por la opinión pública española. He publicado un artículo sobre ello con el título "Idea leibniziana de una constitución autonómica para España en Ortega".

Por ello debemos recordar que, ya en la época de la Dictadura de Primo de Rivera, Ortega propone la Reforma Autonómica, en una serie de artículos periodísticos que se publicaron en forma de libro cuando llegó la República con el título de La redención de las provincias. Allí demuestra que la imitación inglesa de la monarquía parlamentaria en la Restauración decimonónica no funcionó, dando lugar a las lacras de la oligarquía y el caciquismo, porque España, a diferencia de Inglaterra o Francia, tiene el defecto político del gran peso del localismo. Por ello una administración centralizada y jacobina en la que todo se decidía en Madrid, no consiguió modernizar politicamente a un país excesivamente provinciano y localista. Ortega propuso entonces introducir en la propuesta reformista de una Constitución democrático liberal una nueva división del Poder, añadida a la ya clásica de Montesquieu, que separase claramente las competencias de gobierno nacionales y las locales. Para llevarla a cabo sería necesario hacer una descentralización de la Administración del Estado. Dicha descentralización autonómica la volvió a proponer en un famoso discurso pronunciado en las Cortes Constituyentes de la República, contraponiendola dialécticamente a una división Federal, que era la propuesta de la izquierda y de los nacionalistas catalanas. Aclaró una asunto que hoy todavía muchos confunden: que Autonomismo es diferente de Federalismo, esto es, que el Autonomismo no es un Federalismo que se queda corto, sino que en cierto sentido el Autonomismo es lo contrario del Federalismo, cosa que habría que recordar a muchos líderes políticos de la izquierda e incluso hasta a famosos catedráticos de Derecho. Pues, para Ortega, el Federalismo supone admitir una soberanía previa de las partes a federar, las cuales confluyen en un proceso de centralización más bien que de descentralización. Buscan la unidad de una soberanía federal partiendo de la diversidad soberana de partida, cediendo soberanía más que ganandola. El Autonomismo que Ortega propone para un Estado como el español, cuya soberanía es unitaria desde los Reyes Católicos, no parte por ello de soberanías particulares sino, al reves, de una soberanía unitaria ya establecida que acepta ceder competencias, y no la soberanía indivisible, con vistas a descentralizar funciones administrativas. Por ello, el autonomismo tiende a la descentralización y no tanto a la unión rígida y homogenea, sino más bien a la flexibilización de una unión que ya existe, con el fin de construir una unidad de España más fuerte y rica. No trata de dividir y separar una soberanía indivisible sino las competencias atribuidas a dicha soberanía. ¿Hasta donde? Ortega ponía como límite competencias tales como la Defensa, la Justícia., las Relaciones Exteriores, las Comunicaciones nacionales, La Educación y la Investigación Científica, es decir, todo aquello que ponga en peligro la unidad del Estado o que tenga, como la ciencia o la justicia, un valor universal. Todo lo demás se podría transferir.

La descentralización así entendida era para Ortega la solución de un problema que no tenía una solución radical, por eso decía que "...el problema catalán, como todos los parejos a él, que han existido y existen en otras naciones, es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar"("El Estatuto de Cataluña. Primera intervención", Discursos políticos, Alianza Editorial, Madrid, 1990, p. 231). Pues las soluciones extremistas no contentan a todos: el centralismo nacional rígido y extremo no contenta a esa mitad de los catalanes que se declaran vagamente nacionalistas y, al reves, la independencia de Cataluña contentaría a una minoría fanatizada pero dejaría a una gran parte de los catalanes descontentos que tratarían de volver a unirse a España. La solución Autonómica cede en parte y crea una posición que excluye a las minorías radicales, tanto la independentista como la rigidamente centralista, quedando en especial la minoría nacionalista independentista en un estado quimicamente puro, aislada y sin capacidad real de influir pues su victimismo que se alimenta de la persecución de la lengua, dejaría de tener sentido.

Cuando se redacto la actual Constitución, gobernando Adolfo Suarez, su ministro Clavero Arevalo fue el que introdujo el Autonomismo, acordandose de Ortega, como modelo para evitar el Federalismo que proponían de nuevo la izquierda y los nacionalistas, colandose en el tira y afloja la distinción, no admitida por Ortega en su mapa autonómico, entre nacionalidades y regiones. La tendencia a transformar este autonomismo en federalismo comienza con los gobiernos de Felipe Gonzalez con sus pactos con los nacionalistas vascos y catalanes culpables de la transferencia de competencias que Ortega consideraba no transferibles como la Educación, o discutibles, como las fiscales que han abierto un proceso de deriva hacia el federalismo o confederalismo que culmina con la reforma encubierta de la Constitución que representa el Estatuto de Cataluña, en el que se reconoce a Cataluña ya no como nacionalidad sino como nación. De aquellos polvos estos lodos. Para transformar el Autonomismo en Federalismo es preciso romper la soberanía indivisible de la nación española. Eso es lo que se está haciendo al admitir por la via del dicho (la denominación de nación catalana no tiene efectos jurídicos) que Cataluña es una nación. Del dicho al hecho hay todavía un trecho. Para cruzarlo es necesaria la guerra que ya está a punto de comenzar como guerra de recursos y contrarecursos de inconstucionalidad sobre las multas lingüisticas, la lengua vehicular, etc. Guerra de manifestaciones y violencia pública, referendums que deben volver a repetirse aunque se ganasen, etc., con posibilidad de ingerencias extranjeras de mediación de la ONU, guerras locales, etc. Es necesario que se reaccione ante esto, que surjan nuevas fuerzas políticas que convenzan a los españoles para que el rumbo se corrija y volvamos al puerto del que partimos, volver, para orientarnos y no caer en la confusión federalista, a nuestro gran legislador de lo más caracteristico de la Constitución, que no fue Fraga ni los llamados Padres de la Constitución Autonómica (que lo son en sentido técnico jurídico pero no filosófico), sino a Ortega, que debía ser para nosotros como Locke para los ingleses o Montesquieu para los franceses.

Manuel F. Lorenzo